IMPUESTOS ALTOS EN CALORÍAS

“Es una época difícil, hacia donde se mire hay crisis”, dicen unos. “Este es el mejor momento de la humanidad, la prosperidad alcanzada no tiene equivalente en la historia”, dicen otros. Los políticos son dignos representantes del primer grupo. En ocasiones, las crisis son enemigos inventados que, dicen, sólo pueden ser derrotados por el todo-lo-puede y todo-lo-sabe Estado.
Para vencer a esos enemigos casi siempre se proponen dos recetas mágicas: La primera es “más recursos” para el sector del que estuviéremos hablando: educación, salud, vivienda, etc. Creen que más dinero es la solución. La segunda es pretender organizar y planificar la vida de las personas y decirles qué es lo mejor para ellas. La noticia que leí hace poco tiene algo de ambas. Parece que en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) el gobierno tiene la intención de controlar aquellos alimentos que afectan la calidad nutricional. Lo primero de lo que han hablado tanto el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, como el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, es de un impuesto a las bebidas azucaradas, es decir a la gaseosa, el té, los jugos envasados, etc. Muchas calorías engordan, y no es un secreto que la gordura puede acarrear problemas de salud a las personas que la padecen, por ejemplo diabetes e hipertensión cuyos tratamientos consumen recursos del sistema de salud. El impuesto no es novedoso y ya se aplica en 20 países donde se quiere atacar a la obesidad. 
Un impuesto que grava esas bebidas está dirigido, en teoría, a que la gente las compre menos, por lo tanto consumiría menos calorías y no se hará obesa; ergo, no tendría problemas de salud por aquella razón. Suena bien. Sin embargo, en México que es el país con mayor población obesa en el mundo y que ya cuenta con una ley de esas características, no hay resultados concluyentes sobre el impacto de la misma. Allí, el consumo de gaseosas se ha reducido en 4,4%, algo que para los nutricionistas es insuficiente para resolver el problema. El efecto es apenas marginal, sin mucha posibilidad de que sea una solución efectiva.

No obstante, en lo que sí parece que ha tenido buenos resultados la ley es en otro aspecto. Al Ministro de Hacienda Cárdenas la idea sólo le empezó a sonar después de que tocó el tema con el Ministro de Hacienda de México y éste le confirmó que en su país el impuesto es un éxito en términos de recaudo.

Hay normas legales que sencillamente no producen las consecuencias deseadas. En caso de que la propuesta se convierta en una norma (Aclaro que aunque he leído el Proyecto de ley del PND, no encontré la referencia de la que habla la noticia. Sin embargo, es posible que durante su discusión en el congreso se incluya), es posible que se convierta en una de esas que no consiguen lo que quieren, y la razón es fundamentalmente económica. En teoría, cuando el precio de un bien sube, baja su consumo. Esto parece ser lo que tienen en mente al proponerla. Sin embargo, hay algunos bienes con los que esa regla no aplica, a estos se les llama bienes inelásticos: Aunque un bien inelástico suba de precio, la gente lo seguirá comprando casi en las mismas cantidades. Es posible que disminuya su consumo, pero no de una manera directamente proporcional al aumento del precio. Pasa mucho cuando no hay un bien que reemplace al bien que sube de precio. Por ejemplo, si le suben el precio al galón de gasolina, ¿Con qué lleno el tanque de mi carro y lo muevo? No hay modo pues no hay un sustituto de la gasolina en el mercado, y al no haber un sustituto para la gasolina tengo que comprarla a ese precio, sí o sí. Lo único que puedo hacer es ofuscarme y pagar.

Las bebidas azucaradas son bienes inelásticos. Un estudio mencionado en la noticia señala que las preferencias del consumidor colombiano sobre ellas son de tal magnitud que un aumento en el precio no afectaría mayormente su consumo. Ahora bien, cuando un bien y sus sustitutos son gravados por igual, tampoco hay mucho de donde elegir. Suponiendo entonces que las gaseosas tienen mucha responsabilidad en la obesidad en Colombia, (Digo suponiendo porque habría que determinar cuántas calorías en promedio aporta cada bebida sobre la dieta de los colombianos, y si ese consumo es representativo en la causa de la obesidad) el impuesto sobre aquellas no haría que disminuyera su consumo en una medida que tenga consecuencias positivas en la salud.

Sus consumidores, que son principalmente las clases media y baja, estarán pagando más por el tipo de bebida que regularmente consumen sin que se consiga el propósito para el que fue creado el impuesto: que la gente baje de peso y evite enfermarse por eso, ¿Es eficiente encarecer artificialmente un producto cuando sus consecuencias no serán las esperadas?
Por otro lado, aun cuando se consiguiera un resultado satisfactorio en términos de reducción de calorías consumidas, la pregunta moral que uno se puede hacer es la siguiente: ¿Es deseable que el Estado nos diga qué beber? No se puede negar que la obesidad tiene unos problemas de salud pública, pero definitivamente hay una cuestión de responsabilidad individual que la ciudadanía debe enfrentar. Un ciudadano adulto que voluntariamente decide consumir toda la Coca-Cola que desee pues debe cargar también con las consecuencias. Phillip K. Howard escribe en su extraordinario libro La Muerte del Sentido Común que el exceso de regulación ha hecho que cada vez que algo malo pasa no responsabilizamos a las personas sino que exigimos una ley para garantizar que eso no vuelva a pasar otra vez  (Phillip K. Howard. The Death of Common Sense. Random House, 2011; Kindle Edition, Pos. 2983). Exactamente eso pasa acá. Que cada individuo tome las decisiones que quiera, correctas o incorrectas, pero que no sea el Estado el que le diga qué, cuándo y cómo hacerlo. ¿Nos toman por incapaces de saber qué cosas, buenas o malas, son las que queremos para nosotros?
Si es por obligarnos a comer saludable, nada impediría que cualquier otro alimento de dudosa calidad nutricional se vea afectado con el impuesto: empanadas, tamales y chorizos podrían técnicamente engrosar las filas de los nuevos enemigos públicos. Seguramente no ocurrirá, pero entonces será evidente que de lo que se trata es de sacarnos el dinero con el argumento de siempre, que es por nuestro bien.